jueves, 11 de diciembre de 2008

PLAZA PUBLICA / Nuevos episodios mineros

La congelación de las cuentas sindicales, la captura de dos de sus dirigentes y la reiteración de que la prolongada huelga de Cananea -que dura ya 17 meses- no existe renuevan la vigencia del conflicto que protagoniza el SNTMMSRM

Por Miguel Ángel Granados Chapa



Ciudad de México, México (dec 11 2008 12:00am).- Se reaviva el interminable conflicto entre el sindicato minero y el Grupo México, al que acompañan lealmente las autoridades federales del trabajo. Hay ahora nuevos episodios en esa pugna, a que ha entrado Alonso Ancira, director de Altos Hornos de México, que pasó de patrón amistoso a enemigo de Napoleón Gómez Urrutia, líder sindical depuesto por la burocracia laboral pero sostenido en su cargo por la mayoría de los trabajadores mineros, metalúrgicos y de la siderurgia.


Al comenzar diciembre, los dirigentes gremiales recibieron de los bancos que manejan sus cuentas la pésima noticia de que sus fondos están congelados. A despecho del respeto que un cliente merece de la institución financiera a que confía su dinero, el sindicato ignora qué autoridad decretó esa medida. Agustín Acosta, abogado de un grupo minero antagónico a Gómez Urrutia y que lo combate judicialmente, dijo que se trataba de un embargo precautorio y que lo había ordenado la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Pero este órgano de la justicia laboral negó haberlo hecho. Lo único cierto es que ni el comité nacional ni los seccionales tienen acceso a sus propios recursos, obstáculo particularmente grave para los mineros que están en huelga en Cananea, Sombrerete y Taxco desde hace 17 meses y que reciben apoyo del resto de sus compañeros a través de transferencias bancarias ahora suspendidas.


El 3 de diciembre fue detenido en Michoacán Juan Linares Montúfar, presidente del consejo de vigilancia del sindicato, a quien un juez federal sujetó a proceso el pasado martes. Trasladado a un reclusorio del Distrito Federal, Linares Montúfar está acusado, como el propio Gómez Urrutia, de un delito financiero consiste en disponer para su provecho personal de parte de los 55 millones de dólares que recibió el sindicato por la venta de acciones al Grupo México, y de cuyo destino la dirigencia sindical ha dado cuenta cumplida.


El 4 de diciembre, un grupo de agentes de la AFI detuvo "a punta de pistola" según denunció el agraviado, a Carlos Pavón, secretario de acción política del comité nacional minero y lugarteniente de Gómez Urrutia. En vez de que lo capturara la policía judicial capitalina, o la de Coahuila con auxilio de la local, su detención fue practicada por agentes federales, y a la PGR pertenece también el avión que lo trasladó a Monclova. La justicia local lo reclamó a partir de una denuncia de Ancira, que alega haber entregado millones de pesos a Pavón para que los recibieran trabajadores de Altos Hornos, a cuyas manos según la denuncia nunca llegaron esos fondos. Ancira, que como Gómez Urrutia ahora, estuvo prófugo de la justicia acusado de manejos irregulares de la gran empresa acerera que fue privatizado en su favor, se mostró solidario con el dirigente minero en su pugna con Germán Larrea hasta
que su propia fragilidad legal lo hizo vulnerable a presiones para que se manifestara contrario a Gómez Urrutia, como es el caso hoy.


El pasado martes, como si formara parte de las decisiones ministeriales y judiciales contra los líderes cercanos al exiliado en Vancouver, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje emitió un cuarto laudo en torno de la huelga en el yacimiento cuprífero de Cananea, tercero que considera inexistente la huelga que el sindicato inició el 30 de julio del año pasado. En aquel entonces el sindicato emplazó a huelga a Mexicana de Cananea, concesionaria de la mina de cobre más grande del país y perteneciente al Grupo México, por violaciones al contrato colectivo, y en efecto las labores se suspendieron en la fecha indicada. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que tan eficazmente ha servido a los intereses de la familia Larrea, no fue menos en esta ocasión y consideró inexistente la huelga el 7 de agosto. Pero el sindicato acudió al amparo, obtuvo las suspensiones provisional y definitiva
de la orden de regresar al trabajo y el 8 de octubre recibió sentencia favorable en el juicio de garantías, confirmada por un tribunal de circuito el 13 de diciembre, por lo que la Junta emitió el 4 de enero, ya de este año, un nuevo laudo, el segundo, en que tornó a declarar la inexistencia de la huelga. Con auxilio de la fuerza pública, la empresa quiso recuperar la mina el 12 de ese mes, lo que provocó enfrentamientos y detenciones que alteraron aun más la crispada situación que ya desde entonces vivía la población minera de aquel enclave histórico. El 10 de abril la justicia federal ordenó a la laboral la emisión de un nuevo laudo, el tercero, que esta vez fue contrario a la posición empresarial que, por lo mismo, demandó amparo, que ganó en segunda instancia el 4 de septiembre pasado. En consecuencia, la Junta emitió el 9 de diciembre un cuarto laudo, de nuevo favorable a la empresa,
cuyos efectos fueron provisionalmente suspendidos. Una vez más, por ello, quedó sin efecto la amenaza de la empresa al sindicato para que los trabajadores volvieran el miércoles a sus puestos, so pena de perder su empleo. El martes próximo se resolverá si la suspensión es definitiva y en enero si se otorga o no el amparo, en sentencia susceptible de ser revisada. Eso quiere decir que la huelga continuará por lo menos dos meses más.


Su largo curso ha causado daños y perjuicios por doquier. Cananea misma ha venido a menos por la suspensión de labores en una mina que llegó a producir 130 mil toneladas anuales de cobre, el 15 por ciento de la producción nacional.






Cajón de Sastre





Volvió a México Lucía Morett, que se hallaba circunstancialmente en un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en territorio ecuatoriano, atacado el 1o. de marzo por aviones y tropas del Ejército colombiano. Como el número dos de las FARC, Raúl Reyes, en ese lance murieron cuatro jóvenes mexicanos, compañeros de Lucía, y ella quedó gravemente herida, con lesiones físicas que nueve meses después no han sanado del todo. Objeto de una absurda denuncia penal presentada por extremistas de derecha, se requiere no sólo garantizar su libertad pues no cometió delito alguno, sino que el gobierno mexicano repare la grave omisión en que incurrió al no defender la integridad y la dignidad de una compatriota lesionada por el Ejército de un país que se entrometió en territorio ajeno.






Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com

Hora de publicación: 03:50 hrs.

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