Julio Pomar (especial para ARGENPRESS.info)
Pues que se cuide Alejandro Zapata Perogordo, el aspirante más fuerte del PAN a ser candidato al gobierno de San Luis Potosí. La “declinación” del yunquista Francisco Javier Salazar Sáenz a contender por esa posición, este personaje la ha querido presentar como una declinación a favor de Zapata Perogordo, un panista relativamente joven con el que más o menos se puede dialogar, sin que esta sea su principal virtud, al menos no una conocida.
Que se cuide Alejandro Zapata pues Salazar no le traerá votos, sino que se los mermará, y de manera considerable. Su “declinación” no es un hecho democrático, sino el reconocimiento simple de que no goza de ninguna popularidad que lo pueda proyectar ni siquiera hacia la candidatura panista al gobierno de la capital potosina. Es un acto de debilidad reconocida por él mismo con tal renuncia.
El caso es singular. Salazar Sáenz es uno de los principales responsables del conflicto minero en que vive el país desde hace más de dos años y medio. Recuérdese que él era el secretario del Trabajo de Fox, el malhadado zafio presidencial, cuando ocurrió el homicidio industrial de Pasta de Conchos, donde murieron 65 trabajadores de esa mina de carbón coahuilense, de los cuales 63 siguen abandonados en los socavones de la mina.
Allí, ese 19 de febrero, comenzó este grave conflicto minero. Solapador y sirviente genuflexo de la empresa Grupo México, concesionaria de la mina de carbón de Pasta de Conchos, Salazar está ligado al dueño de la concesión, Germán Larrea Mota Velasco, por esa complicidad mayor, y también por lo que se evidenció en esos momentos de tragedia.
Muchos elementos de juicio e información apuntan a que se trató de un “accidente” prefabricado a favor de Germán Larrea y su Grupo México, precisamente en los tiempos en que el Senado inconstitucionalmente aprobaba otorgar a las empresas mineras las concesiones de gas combustible procedente de las minas de carbón, y la de Pasta de Conchos no ha sido de las más pobres en este subproducto de la explotación minera del carbón, que es el metano. Las ganancias que se supone obtendría Grupo México de la explotación del gas metano como combustible asciende a los 900 millones de dólares anuales. Así que por eso mismo pretendieron culpar al Sindicato Minero y a su dirigente Napoleón Gómez Urrutia de ser la causa de la tragedia, como si un sindicato o un líder pudiera tener el control de la producción y, por ende, de las condiciones en que opera una mina.
La empresa Grupo México es la única responsable de este homicidio industrial que ha enlutado al gremio minero trabajador y llevado descrédito a Coahuila no sólo en México sino en el mundo entero, como desde entonces lo han venido señalando Gómez Urrutia y los otros dirigentes de trabajadores mineros con toda valentía.
Por esta y otras razones, nunca fue Salazar Sáenz una “carta fuerte” del PAN para contender por la gubernatura. La gente, contra lo que piensen los ultra derechistas del Yunque, tiene buena memoria. Esa mácula de haber sido cómplice del crimen contra 65 mineros coahuilenses, lo ha de acompañar de por vida a este sujeto de la extrema derecha potosina, en cualquier parte del país donde quiera operar. Lo que él pretendía era adquirir impunidad a través del cargo de elección popular que ansiaba conquistar. Se “le cebó” el intento. Y si hubiera persistido en la pretensión, mucho más le hubiera sido imposible lavar su imagen de cómplice de un asesinato múltiple de mineros.
Recuérdese cómo Fox, el zafio, llamó por entonces al recientemente elegido gobernador priísta de Coahuila, Humberto Moreira, para exigirle que encarcelara a Gómez Urrutia por ese homicidio industrial, y cómo el mandante estatal se negó a hacerlo por falta de elementos legales que justificaran una acción de esa naturaleza. “Pues invéntala”, le habría dicho Fox, pues quería este, en su zafiedad, encarcelar a Gómez Urrutia y con ello descabezar al Sindicato Minero y acabar así con un organismo sindical incómodo que se oponía a la línea de servilismo con que el sindicalismo corporativo tradicional había recibido (con los brazos abiertos) la llegada al gobierno federal de la extrema derecha (ahora Moreira ya se pasó al bando de los persecutores empresariales de Gómez Urrutia, a cambio de la amistad y favores de otro empresario represor, Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México de Monclova, Coahuila).
Luego inventaron la acusación contra Gómez Urrutia del “desvío” de 55 millones de dólares pertenecientes al Sindicato en el Fideicomiso Minero que resultó de la privatización de dos minas sonorenses (Cananea y Nacozari) en 1989 y 1990, precisamente a favor del papá de Germán Larrea Mota Velasco, asunto pendiente que heredó este vástago ya en niveles de enfermedad mental.
Nada de esto se ha olvidado de la “ejecutoria” de Salazar Sáenz al frente de la Secretaría del Trabajo de Fox , y sucesor de Carlos Abascal Carranza, otro miembro del Yunque, que dejó esta posición para ocupar la cartera de Gobernación, desde la cual contribuyó al fraude electoral que le dio el paso en 2006 a Felipe Calderón Hinojosa a la Presidencia. Así que Salazar Sáenz, conocido como “Capablanca” en los enredijos del secretismo yunquista, no pudo más que renunciar a seguir contendiendo por la candidatura panista potosina. Su reconocida falta de talento en cualquier orden de cosas, lo hundió, para bien de los potosinos, que nunca le vieron espuelas de jinete a este personaje salido de las catacumbas de la inquisición neo franquista, por más que con ese seudónimo haya mancillado el nombre de aquel ilustre ajedrecista cubano, uno de los más grandes que haya podido jugar en el mundo ese juego “casi filosófico”. El enano cómplice del crimen de 65 mineros no pudo hacer nada sino quedarse en su estatura genética yunquista. La vida todo lo cobra, pero todavía falta que sea llevado a juicio penal.
Que se cuide Alejandro Zapata pues Salazar no le traerá votos, sino que se los mermará, y de manera considerable. Su “declinación” no es un hecho democrático, sino el reconocimiento simple de que no goza de ninguna popularidad que lo pueda proyectar ni siquiera hacia la candidatura panista al gobierno de la capital potosina. Es un acto de debilidad reconocida por él mismo con tal renuncia.
El caso es singular. Salazar Sáenz es uno de los principales responsables del conflicto minero en que vive el país desde hace más de dos años y medio. Recuérdese que él era el secretario del Trabajo de Fox, el malhadado zafio presidencial, cuando ocurrió el homicidio industrial de Pasta de Conchos, donde murieron 65 trabajadores de esa mina de carbón coahuilense, de los cuales 63 siguen abandonados en los socavones de la mina.
Allí, ese 19 de febrero, comenzó este grave conflicto minero. Solapador y sirviente genuflexo de la empresa Grupo México, concesionaria de la mina de carbón de Pasta de Conchos, Salazar está ligado al dueño de la concesión, Germán Larrea Mota Velasco, por esa complicidad mayor, y también por lo que se evidenció en esos momentos de tragedia.
Muchos elementos de juicio e información apuntan a que se trató de un “accidente” prefabricado a favor de Germán Larrea y su Grupo México, precisamente en los tiempos en que el Senado inconstitucionalmente aprobaba otorgar a las empresas mineras las concesiones de gas combustible procedente de las minas de carbón, y la de Pasta de Conchos no ha sido de las más pobres en este subproducto de la explotación minera del carbón, que es el metano. Las ganancias que se supone obtendría Grupo México de la explotación del gas metano como combustible asciende a los 900 millones de dólares anuales. Así que por eso mismo pretendieron culpar al Sindicato Minero y a su dirigente Napoleón Gómez Urrutia de ser la causa de la tragedia, como si un sindicato o un líder pudiera tener el control de la producción y, por ende, de las condiciones en que opera una mina.
La empresa Grupo México es la única responsable de este homicidio industrial que ha enlutado al gremio minero trabajador y llevado descrédito a Coahuila no sólo en México sino en el mundo entero, como desde entonces lo han venido señalando Gómez Urrutia y los otros dirigentes de trabajadores mineros con toda valentía.
Por esta y otras razones, nunca fue Salazar Sáenz una “carta fuerte” del PAN para contender por la gubernatura. La gente, contra lo que piensen los ultra derechistas del Yunque, tiene buena memoria. Esa mácula de haber sido cómplice del crimen contra 65 mineros coahuilenses, lo ha de acompañar de por vida a este sujeto de la extrema derecha potosina, en cualquier parte del país donde quiera operar. Lo que él pretendía era adquirir impunidad a través del cargo de elección popular que ansiaba conquistar. Se “le cebó” el intento. Y si hubiera persistido en la pretensión, mucho más le hubiera sido imposible lavar su imagen de cómplice de un asesinato múltiple de mineros.
Recuérdese cómo Fox, el zafio, llamó por entonces al recientemente elegido gobernador priísta de Coahuila, Humberto Moreira, para exigirle que encarcelara a Gómez Urrutia por ese homicidio industrial, y cómo el mandante estatal se negó a hacerlo por falta de elementos legales que justificaran una acción de esa naturaleza. “Pues invéntala”, le habría dicho Fox, pues quería este, en su zafiedad, encarcelar a Gómez Urrutia y con ello descabezar al Sindicato Minero y acabar así con un organismo sindical incómodo que se oponía a la línea de servilismo con que el sindicalismo corporativo tradicional había recibido (con los brazos abiertos) la llegada al gobierno federal de la extrema derecha (ahora Moreira ya se pasó al bando de los persecutores empresariales de Gómez Urrutia, a cambio de la amistad y favores de otro empresario represor, Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México de Monclova, Coahuila).
Luego inventaron la acusación contra Gómez Urrutia del “desvío” de 55 millones de dólares pertenecientes al Sindicato en el Fideicomiso Minero que resultó de la privatización de dos minas sonorenses (Cananea y Nacozari) en 1989 y 1990, precisamente a favor del papá de Germán Larrea Mota Velasco, asunto pendiente que heredó este vástago ya en niveles de enfermedad mental.
Nada de esto se ha olvidado de la “ejecutoria” de Salazar Sáenz al frente de la Secretaría del Trabajo de Fox , y sucesor de Carlos Abascal Carranza, otro miembro del Yunque, que dejó esta posición para ocupar la cartera de Gobernación, desde la cual contribuyó al fraude electoral que le dio el paso en 2006 a Felipe Calderón Hinojosa a la Presidencia. Así que Salazar Sáenz, conocido como “Capablanca” en los enredijos del secretismo yunquista, no pudo más que renunciar a seguir contendiendo por la candidatura panista potosina. Su reconocida falta de talento en cualquier orden de cosas, lo hundió, para bien de los potosinos, que nunca le vieron espuelas de jinete a este personaje salido de las catacumbas de la inquisición neo franquista, por más que con ese seudónimo haya mancillado el nombre de aquel ilustre ajedrecista cubano, uno de los más grandes que haya podido jugar en el mundo ese juego “casi filosófico”. El enano cómplice del crimen de 65 mineros no pudo hacer nada sino quedarse en su estatura genética yunquista. La vida todo lo cobra, pero todavía falta que sea llevado a juicio penal.
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