Arturo Rodríguez García
Proceso
San Juan de Sabinas— La reiterada negativa de la Secretaría del Trabajo y de Industrial Minera México para recuperar los cuerpos de los muertos en la mina Pasta de Conchos, por considerarla inexplorable, fue ignorada una vez más cuando, el pasado 28 de septiembre, siete personas, entre ellas tres viudas y el padre de uno de los trabajadores fallecidos, se adentraron 800 metros en la estructura minera.
En varios frentes, los deudos de los 63 desaparecidos han demostrado que desde la suspensión de los trabajos de rehabilitación y recuperación de cuerpos, en abril de 2007, Industrial Minera México, S.A. (IMMSA) ha mentido para evitar que se profundice en los tiros de la mina, mientras que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) no sólo ha incumplido el compromiso de entregar los cuerpos a las familias, sino también impedido un peritaje que deslinde responsabilidades sobre la explosión ocurrida el 19 de febrero de 2006 que, de acuerdo con algunos de los demandantes, fue deliberada.
A 32 meses de los hechos, las viudas Rosa María Mejía, Tomasita Martínez y Claudia Escobar, así como Gilberto Ríos –padre de quien fue jefe de electricistas y quedó atrapado en el desplome de la mina–, ingresaron a Pasta de Conchos acompañados por Daniel Cossío Ríos, integrante de la Sección 64 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), junto con Fernando Acosta y Cristina Martínez Pacheco, miembros de la organización La Otra Obrera.
Tras la expedición, que duró aproximadamente tres horas, las familias invitaron al titular de la STPS, Javier Lozano Alarcón, a dejar la comodidad de sus oficinas y acompañarlas a realizar una inspección ocular, para demostrarle que sus declaraciones “son alarmistas e ignorantes”.
La reacción de IMMSA, subsidiaria de Grupo México y propietaria de la mina siniestrada, fue intimidatoria: emitió un comunicado en el que destacó que no hay condiciones para el rescate, y que presentará denuncias por “allanamiento y despojo”: “Descender unas cuantas docenas de metros no prueba nada y es fútil”, señaló, pero ir a los túneles a 180 metros de profundidad y a más de medio kilómetro “es jugarse la vida, aun para expertos bien equipados”, añadió.
A su vez, la STPS mencionó el dictamen del Foro Consultivo Científico y Tecnológico según el cual no hay condiciones de seguridad y llamó “irresponsables” a quienes alientan a los familiares de los mineros a “aventuras sin fundamento”.
De acuerdo con la Secretaría del Trabajo, “las relaciones laborales en Pasta de Conchos fueron terminadas en noviembre de 2006, por lo que a esta dependencia ya no le corresponde atender los asuntos relacionados con la mina”. Agregó que la Procuraduría Federal de Defensa del Trabajo (Profedet) tiene la representación de más de 50 de los 65 casos de reclamación de derechos laborales de los mineros fallecidos.
El ‘homicidio industrial’— Según el secretario de Asuntos Políticos del SNTMMSRM, Carlos Pavón, existe una confabulación para ocultar que el estallido de la mina que mató a 65 trabajadores –de los cuales sólo dos cuerpos fueron rescatados– se provocó deliberadamente con fines económicos: conseguir la reforma a la Ley Minera para permitir la extracción de gas asociado al carbón o gas grisú.
Por eso, continúa el dirigente sindical en entrevista con Proceso, el gobierno mexicano se niega a continuar con la rehabilitación de la mina, a recuperar los cadáveres y a realizar un peritaje físico de la escena. “El gobierno –prosigue Pavón– tendría que culpar a Germán Larrea y a todo el Consejo de Administración de la empresa, porque ellos tienen la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores. Como lo dijo el compañero Napoleón Gómez Urrutia días después de la explosión: fue un homicidio industrial.”–¿A qué se refiere con explosión provocada? –pregunta el reportero.–A que es muy claro cómo se dieron las cosas.
En agosto de 2005 llegó a la Comisión Reguladora de Energía el hijo de Francisco Salazar Sáenz, quien, por su parte, es dueño de dos empresas de productos químicos que, ubicadas en San Luis Potosí, le dan servicio a Grupo México.
“El 19 de febrero de 2006, Salazar Sáenz estuvo en el área durante la explosión. Y los compañeros comentaron que les habían ofrecido salir a las 4:00 de la mañana por la inseguridad y los niveles altos de gas que existían, pero la explosión ocurrió a las 2:00 de la mañana.”Desde tiempo atrás, explica, la iniciativa privada había propuesto, sin conseguirlo, que se permitiera la extracción y venta del gas metano o grisú de las minas de carbón. Y justamente unos días después del desastre de Pasta de Conchos, en marzo de 2006, se reformaron la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional y la Ley Minera para que eso fuera posible. Las modificaciones a dichas legislaciones, que autorizaron la extracción y venta del gas asociado al carbón por los particulares que explotan yacimientos carboníferos (Proceso 1533, 19 de marzo de 2006) representaban de entrada, para esa empresa, una utilidad adicional de 500 millones de dólares, y desde ese momento los dueños del Grupo México “declinaron buscar los cuerpos de los mineros”, observa Carlos Pavón.
Según el sindicalista minero, las viudas de los trabajadores sepultados mostraron un gran valor al internarse en la mina, no obstante los desplegados del Grupo México y de la STPS en el sentido de que hacerlo era muy peligroso porque los niveles de gas eran muy altos. Por cierto que el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, al evaluar la viabilidad del rescate de los cuerpos mediante la introducción de cámaras con rayos infrarrojos, dictaminó que había un cierto grado de inseguridad, pero también puntualizó que esas condiciones eran reversibles.
Y esto es algo, puntualiza Pavón, que Minera México y la STPS ya no quisieron leer.“Aquí lo que pasa –prosigue– es que el secretario del Trabajo y la empresa piensan que a los mexicanos nos pueden mentir. Todos los trabajadores sabemos que si no se está explotando la mina, no hay altos niveles de gas, porque ésos los genera el carbón. El hecho es que ahí no hay nada de gas: el metanómetro que llevaban los deudos de los trabajadores sepultados en su ingreso a la mina no marcó ni una rayita.”Por eso las viudas afines al sindicato y a La Otra Obrera que ingresaron a la mina manifestaron que si la empresa y el gobierno no toman las medidas necesarias para recuperar los cadáveres de sus parientes, ellas buscarán realizar el rescate por sus propios medios. Ahora, dice Carlos Pavón, “mientras a la empresa no le pasa nada por el asesinato de 65 personas, el Grupo México –al que la Secretaría de Economía dijo haberle suspendido sus concesiones– está amagando con demandar a las viudas porque se internaron en la mina”.
Pueden ‘fabricar un accidente’— El 26 de septiembre, el Equipo Nacional de Pastoral Laboral (ENPL), el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), así como La Familia de Pasta de Conchos, que exigen la recuperación de los cuerpos, se deslindaron del ingreso a la mina por considerarlo innecesario y riesgoso.
Posteriormente, Cristina Auerbach Benavides, integrante del ENPL, manifestó a Proceso: “Yo creo que la empresa, después de ser responsable por la muerte de 65 personas, no puede pretender de ninguna manera aparecer como la víctima, ni decir que hay despojo o allanamiento cuando los familiares han vivido en las instalaciones de la mina durante dos años”.
Desde Ginebra, Suiza, donde junto con Elvira Martínez, viuda del fallecido trabajador Jorge Vladimir Muñoz, se entrevistó con relatores de salud, trabajo y derechos humanos de la ONU luego de recorrer varios sindicatos españoles, Cristina Auerbach agregó:Dado que Immsa se niega a realizar el rescate de los cuerpos, los ingresos a la mina “exponen a la gente a que les fabriquen un accidente, porque entonces sí pueden colapsar la mina, para luego decir que la empresa tenía razón y que debe sellarse”. Por ello, desaconseja un reingreso.
“Desde hace un año –añade en entrevista por chat–, la empresa no tiene trabajadores, salvo por los de una compañía contratista, pero a mediados de septiembre se les avisó que serían liquidados, por lo que no hay mantenimiento, lo que hace la estructura más vulnerable a manipulación y a la fabricación de un siniestro.”
Por su parte, Elvira Martínez recordó que en lo que va de este año se han efectuado tres recorridos de la mina que desmienten las aseveraciones de la STPS y del Grupo México: una cuadrilla de Protección Civil entró en mayo, y según el reporte el marcador no registraba ni 1% de gas; más tarde ingresó la misma empresa, y cuando las familias preguntaron a un ingeniero de Immsa, Víctor Morales, cómo era posible que una cuadrilla se internara por los tiros, él les respondió que ventilaban.
Por eso, concluye Elvira, la búsqueda de los cuerpos “es tan simple como prender el ventilador, pues el propio personal de la empresa ha confirmado que la mina es explorable y que se puede trabajar en ella en condiciones de seguridad”.
El sacerdote jesuita Carlos Rodríguez, de Cereal, recuerda que cuando las familias se entrevistaron con el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, para proponerle una inspección ocular, éste dijo que era peligroso, al igual que Lozano. Pero “los ingresos que se han verificado a la mina dejan sin argumentos la posición del Estado. La primera conclusión del Foro Consultivo, Científico y Tecnológico fue que había condiciones inestables e inseguras, que desaconsejaba el ingreso, pero la segunda consistió en que era posible revertir esas condiciones. Así, el gobierno e Immsa acatan el dictamen a medias”.
Carlos Rodríguez refiere que en diversas reuniones con organismos laborales en el extranjero ha advertido su interés por supeditar los compromisos económicos con México a los acuerdos de respeto a los derechos humanos.
Por eso, continúa, la intención de La Familia de Pasta de Conchos es construir en torno al caso un circuito de apoyo y solidaridad internacionales, que se ha facilitado con las respuestas que da el gobierno mexicano a las peticiones de los deudos.“Mientras tanto, los parientes de los desaparecidos han tenido que constatar que la justicia mexicana es refractaria e insensible ante un siniestro laboral del que son corresponsables gobierno y empresa. Como ambos, gobierno y empresa, han quedado al margen del estado de derecho, no queda más opción que buscar un amparo en la justicia internacional”.
