sábado, 6 de diciembre de 2008

Sospechan que Gómez Mont favorece a Germán Larrea al detener líder minero

Mineros efectúan paros escalonados en protesta por la detención de sus líderes

En protesta por la “embestida y agresiones del gobierno federal y de Grupo México y Altos Hornos de México” en contra de integrantes de la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, Carlos Pavón Campos y Juan Linares Montúfar, secretario de asuntos políticos y presidente del consejo general de vigilancia y justicia del gremio, respectivamente, ayer se realizaron “combativos paros escalonados” de labores en las secciones y fracciones de los estados de Durango, Zacatecas, Tamaulipas y Coahuila.

Cabe destacar que Pavón Campos fue detenido el jueves por elementos de la Agencia Federal de Investigación de la Procuraduría General de la República por una demanda de Altos Hornos de México, y un día antes fue aprehendido Linares Montúfar.

Ante tales circunstancias los trabajadores mineros, con las citadas acciones, demandaron la liberación inmediata de Pavón Campos y a Linares Montúfar, quienes, consideraron, fueron detenidos “ilegalmente”, así como la descongelación de los fondos sindicales “incautados también de forma ilegal por el gobierno”.

El sindicato señaló que los paros de labores son una medida “legítima y justificada ante los abusos de poder que significan la arbitraria congelación de fondos del organismo sindical y las detenciones ilegales y arbitrarias de los compañeros dirigentes nacionales”.

Apuntó que con estas acciones el gobierno pretende “asfixiar y descabezar” al organismo gremial para favorecer los “intereses espurios de Germán Larrea Mota Velasco, de Grupo México, y de Alonso Ancira Elizondo, dueño de AHMSA”.

El sindicato refrendó que ante estos hechos “no nos van a detener, seguiremos luchando contra este gobierno que pisotea los derechos obreros y arremete contra la libertad y la autonomía sindical, para favorecer a empresarios voraces y arrogantes, con la complicidad de autoridades corruptas que están al servicio de estos oscuros intereses, en vez de resolver los múltiples y agudos problemas del país”.

En Zacatecas ayer más de 2 mil trabajadores del consorcio minero Peñoles se sumaron al paro general de labores en protesta por los arrestos. Así, la mañana de ayer viernes amanecieron tomados los complejos mineros del Grupo Peñoles ubicados en los municipios de Fresnillo, Sombrerete (Sabinas), Zacatecas (Francisco I. Madero) y Concepción del Oro.

Al respecto, Martín Domínguez Flores, secretario general de la sección 62 del gremio, afirmó que la inconformidad también es por el congelamiento de las cuentas bancarias, y señaló que en tanto no se libere a Carlos Pavón (“nuestro paisano, él es de aquí de Fresnillo”) y a Juan Linares, y no se “descongelen” las cuentas bancarias del sindicato, no se liberarán los complejos mineros.

Aseguró que la acción es “un paro indefinido”, y por lo tanto “puede durar horas, días, semanas o meses; ojalá esto dure lo menos que se pueda, pero eso dependerá de la sensibilidad de las autoridades para atender nuestras demandas”.

Como consecuencia de esta situación, el Sindicato Mexicano de Electricistas reiteró su solidaridad con el gremio minero y anunció que convocará a diversas organizaciones, entre ellas el Frente Sindical Mexicano, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y la Central Campesina Cardenista, para realizar una marcha de protesta contra estos “agravios” el próximo martes 9 de diciembre a las 17 horas, desde el Monumento a la Revolución a la Secretaría de Gobernación.

En este mismo tenor, la Unión de Juristas de México, el Movimiento de Liberación Nacional, el Movimiento Nacional Organizado Aquí Estamos, el Partido Comunista de México y el Frente Popular Revolucionario condenaron “enérgicamente las acciones represivas del gobierno en contra del gremio minero”.





■ Muy delicado, que se intente criminalizar la inconformidad obrera, dice

Considera Ricardo Monreal que Gómez Mont tiene que ver con las aprehensiones

Andrea Becerril


El perredista Ricardo Monreal exigió al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, aclarar qué relación tiene su despacho jurídico con la nueva embestida en contra del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, y el encarcelamiento de dos de los integrantes del comité ejecutivo que encabeza Napoléon Gómez Urrutia.

El vicecoordinador del grupo parlamentario del PRD en Xicoténcatl no consideró casual que a menos de un mes de que Gómez Mont asumió la titularidad de la Secretaría de Gobernación, se hayan reactivado las causas penales contra los dirigentes mineros, sobre todo, dijo, porque el ahora responsable de la política interior “del gobierno de facto” llevó el caso contra Gómez Urrutia.

Es muy delicado, agregó, que se pretenda criminalizar la protesta social, la inconformidad obrera, y que la Secretaría del Trabajo intervenga en la vida interna de los sindicatos, como lo ha hecho en el caso de los mineros.

La detención un día antes del ex diputado federal por Zacatecas Carlos Pavón Campos, segundo líder en importancia del sindicato minero, y Juan Linares Montúfar, también integrante del comité ejecutivo, aunada al congelamiento de las cuentas bancarias del organismo gremial, son medidas represoras, encaminadas además a derrotar por hambre las huelgas de Cananea, Taxco y Sombrerete.

Como justificación hay una demanda de Altos Hornos de México, pero en realidad se observa que la detención de los dirigentes se ordenó “desde los círculos más altos del poder, con el propósito de presionar a los obreros a que acepten condiciones de trabajo menores a las que se establecen en su contrato colectivo.

“El gobierno usurpador protege a los patrones, como lo hizo también con el Grupo México, que sigue en la impunidad, a pesar del accidente en la mina Pasta de Conchos, que sacó a relucir las condiciones infrahumanas en que laboran los mineros. Ahí está parte del amañado proceso judicial contra Gómez Urrutia”.

Monreal resaltó que la advertencia que Gómez Mont formuló en una reunión privada con senadores del PAN, en el sentido de que no se le iba a ver mucho, pero sí a sentir, se comprende por completo, ya que su vena represora salió pronto a relucir, “así como su conflicto de intereses”.

Por ello, insistió, el funcionario debe aclarar que relación hay entre su despacho jurídico, “aunque asegure que ya se deslindó del mismo”, y la detención de los dirigentes mineros.

Convocó luego a todos los sindicatos del país a manifestarse en contra de la represión hacia el gremio minero. Aclaró que no defiende a Gómez Urrutia, pero sí el derecho de los trabajadores de elegir a sus dirigentes, y de pelear contra condiciones laborales que ponen en riesgo sus vidas.

“Lo que el gobierno usurpador ha hecho al sindicato minero, al fabricar expedientes y procesos penales, lo puede hacer con cualquier otro organismo gremial incómodo a los empresarios.”

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